ESPAÑA.- Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Córdoba ha dado la razón a la Unión de Radioaficionados de Córdoba, después de llevar a los tribunales al Ayuntamiento por no haber tramitado una modificación de la ordenanza de antenas y que estaba pendiente desde 2018. La organización ha informado de que la sentencia les da la razón por la «inactividad material de la administración» y condena al Consistorio a que en un plazo de dos meses inicie el procedimiento para modificar la ordenanza y al pago de costas.
Lo que pedía el colectivo de los radioaficionados al Consistorio era que se modificara la ordenanza de antenas, en la que está incluida su actividad, aunque en su caso, se trata de emisiones de menor frecuencia y potencia que, por ejemplo, la de los móviles. Es por ello, que demandaban al Ayuntamiento de Córdoba que aplicara los criterios de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ya propuso un modelo de ordenanza que no dejara fuera a los radioaficionados, al considerar que se rigen por su propia normativa.
La organización ha recordado que el Consistorio aprobó hace ahora seis años la citada ordenanza de instalación de antenas en la ciudad Córdoba y, hasta esta fecha, no se había materializado dicha modificación, «pese a que el equipo de gobierno actual fue el mismo que nos mostró su apoyo por aquel entonces». Es más, la Unión de Radioaficionados de Córdoba acordó el año pasado llevar este problema a los juzgados de lo Contencioso de Córdoba, no sin antes ya, en el 2021, intentar la mediación del Defensor del Pueblo, quien admitió su solicitud de amparo, «pero se limita a recabar información y dar por buenos todos los datos que le facilitan desde la corporación municipal, sin comprobar la veracidad de los mismos y, a su criterio, no apreciando irregularidad alguna en la actuación del Ayuntamiento de Córdoba», ha señalado el colectivo, quien ha considerado que con esta resolución, Ángel Gabilondo, «tirón el balón fuera».
La cuestión concreta a determinar era si el Ayuntamiento incumplía con su obligación de ejecutar el acto emanado de la propia Corporación, concretamente en el Pleno celebrado el 10 de abril del 2018, donde se acordó por unanimidad de todos los grupos y a propuesta del Partido Popular, hoy al frente de la corporación, iniciar el procedimiento de modificación de la ordenanza para la supresión del apartado 2º del artículo 3º que regulaba las antenas de radioaficionado.
«Fueron muchas las reuniones mantenidas antes de dicho Pleno, donde solicitamos de manera reiterada poner coto a una situación que vulneraba de forma grave el derecho de asociación de los cientos de Radioaficionados de Córdoba», ha señalado la organización.
La asociación ha recordado también en Córdoba las exigencias municipales son las mismas que las requeridas a las operadoras de telefonía, «compartiendo ordenanza y haciendo imposible la instalación de nuevas estaciones y, por ende, la incorporación de nuevos asociados, además de haber dejado en auténtico papel mojado la activa participación que esta asociación de Interés Público tuvo en la tramitación de la moción del 2018».
